El Confidencial se interesa por Plaza de España y se hace eco del escrito de un empresario y gestor de PLAZA DE ESPAÑA SAN FERNANDO SL ante la Fiscalía anticorrupción.
Esta plaza de España es una ruina. Y, sobre todo, un lío judicial. Un empresario de San Fernando de Henares (municipio del este de Madrid de 40.000 habitantes) ha presentado una extensa denuncia en la Fiscalía Anticorrupción y ha declarado ya varias veces ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para denunciar las irregularidades que vivió como asesor de la empresa público privada que el ayuntamiento de esta localidad constituyó en julio de 2008 para remodelar la principal plaza de la ciudad. La sociedad mixta quebró y está en concurso de acreedores desde hace más de cuatro años.
La deuda que arrastra es de 94,5 millones de euros. Y la liquidación de los bienes para saldar las deudas de los acreedores (entre ellos, este empresario que ha denunciado) está paralizada porque encima dos juzgados de Madrid han empezado una especie de guerra de competencias que está dilatando el proceso. Se trata del juzgado de lo mercantil número 6 de la capital, el que ejecutó el concurso de acreedores, y el juzgado de instrucción número 5 de Coslada, que tiene sus propias diligencias abiertas para dilucidar si hubo algún tipo de responsabilidad penal en todo este quebranto.
Para rizar más el rizo, un tercer juzgado, el 4 de instrucción de Coslada, ha imputado a la alcaldesa del municipio, Catalina Rodríguez (de San Fernando Sí Puede), que dirige el Gobierno local que ha heredado todo este desaguisado. El PSOE e IU la acusan de revelación de secretos y de entregar documentación sensible sobre este caso a un militante de su partido que no trabaja para el consistorio. El lío es mayúsculo. Tanto, que el administrador concursal elegido por el juzgado de lo mercantil para gestionar el concurso de acreedores no cree que pueda cobrar sus emolumentos, que ya ascienden a 556.020,74 euros
El liquidador es Pedro Bautista Martín Molina, ‘rey Midas’ de las suspensiones de pagos en nuestro país (por ejemplo, lleva también el concurso de Banco Madrid), empresario bodeguero y socio de la Asociación del Humorismo Español (Ashumes). Según ha podido saber El Confidencial, Martín Molina dejó de pasar sus emolumentos (14.605 euros al mes) en noviembre de 2016 ante la dificultad de poder cobrarlos, ya que la deuda supera con creces los activos de la empresa mixta en quiebra.
El caso arrancó en julio de 2008. El ayuntamiento estaba gobernado entonces por Izquierda Unida, aunque todo el pleno aprobó por unanimidad, con los votos de IU, PP y PSOE, constituir una sociedad mixta para rehabilitar la plaza, un conjunto barroco del siglo XVIII declarado Bien de Interés Cultural, y las 220 viviendas que la rodean. Los vecinos tenían la mayoría, con el 51% de las acciones. Para poder hacer el proyecto, el consistorio solicitó siete préstamos a Caja Madrid (hoy acreedor preferente) por 57 millones de euros y contrató a Construcciones Ortiz. Como asesora del proyecto, vecinos y Gobierno local 'ficharon' a la empresa Woodman, uno de los acreedores que exige ahora 284.000 euros.
Lo que está claro es que el proyecto no cuajó. Todas las partes se acusan entre sí. Falta de voluntad política (se tumbaron ampliaciones de capital) y mala gestión, destinando parte del dinero de la empresa mixta a otras iniciativas de la ciudad que nada tenían que ver con la plaza de España. Han pasado casi 10 años y la deuda es de 94,4 millones de euros. El embargo pesa sobre 220 viviendas, 606 plazas de aparcamiento que se construyeron debajo y varios locales comerciales. Las obras están acabadas, pero los inmuebles están precintados hasta que se resuelva el caso.
Un caso que se ha enrevesado. El juzgado de lo mercantil autorizó al administrador concursal a enajenar bienes de la empresa mixta para empezar a saldar deudas. Uno de los interesados era el fondo de inversión Pacífica Capital Gestión, que ofrecía 27 millones de euros. Pero el juzgado de instrucción número 5 de Coslada paralizó la posible venta. A instancias de la Fiscalía, el 5 pidió al mercantil que aplicara medidas cautelares y quitase del concurso todos los bienes públicos y patrimoniales, a los que calificó de "inembargables e inalienables".
El administrador concursal hizo caso al juzgado 5, aunque fuentes próximas al liquidador señalan "que el único juzgado que tiene competencias sobre este caso es el mercantil. El juzgado de instrucción debe inhibirse de las cuestiones civiles y mercantiles porque son jurisdicción exclusiva del juez de lo mercantil. Los perjudicados que han acudido por la vía penal no pueden tener mejor trato que los que han decidido reclamar su crédito por la vía concursal". El pasado 4 de mayo, el juez de lo mercantil pidió al de instrucción que dejara las medidas cautelares sin efecto y autorizara la venta. "El juzgado de instrucción aún debe contestar. Si no levanta las medidas cautelares, deberá decidir una instancia jurídica superior", como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En un nuevo auto de 18 de julio de 2017, el juzgado de lo mercantil deja claro que la plaza no está en venta, el espacio público en sí, sino el aprovechamiento urbanístico del subsuelo, las plazas de aparcamiento y las viviendas. Pero no la plaza. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares no piensa igual y ha presentado un incidente al concurso, ya que entiende que el subsuelo y varias viviendas son patrimonio público y no se pueden enajenar. Mientras, la denuncia presentada en Anticorrupción por el empresario, V. C., acusa a varios ex altos cargos del consistorio de tomar decisiones al margen del pleno y de vaciar patrimonialmente la sociedad. A uno de ellos incluso le acusa de pedirle dinero en negro para financiar su partido político si quería que el proyecto saliera adelante.
0 comentarios:
Publicar un comentario